En apoyo al pueblo trabajador vasco, la Izquierda Abertzale y los condenados y condenadas por la Audiencia Nacional

Comunicado de Nación Andaluza

Ante la sentencia de la llamada Audiencia Nacional, que ha impuesto diez años de prisión a Arnaldo Otegi y Rafa Díez, y ocho a Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez, Nación Andaluza quiere mostrar su pública repulsa ante estos juicios y condenas políticas, así como expresar nuestro apoyo y solidaridad internacionalista , ante todo, con los y las patriotas condenados/as, haciéndola extensiva a la Izquierda Abertzale y al Pueblo Trabajador Vasco, ejemplos de coherencia, dignidad y lucha, para todos y todas.

Con esta sentencia, quedan nuevamente al descubierto tanto la permanencia de las raíces antidemocráticas de este Estado Español, heredero de la Dictadura, sucesor institucional del franquismo, y  continuador socio-político de sus principios opresores y represivos, así como la imposibilidad de superación de las mismas dentro del llamado “marco constitucional”.

Este Estado Español, como todos los anteriores, se muestra incapaz de existir en libertad o de pervivir sin la imposición. Este Estado, que ni es “de derecho”, ni social, ni democrático, sino de obligatoriedad bajo amenaza, de rapiña explotadora y mera concesión parcial y vigilada de algunos derechos, a cada intento de ejercer las libertades individuales y colectivas, tanto por parte de la población como por los pueblos, sólo sabe responder con la violencia y la represión institucional.

A lo largo de las más de tres décadas de existencia de este Estado Español, la situación de insuficiencia democrática y de libertad condicional bajo la que vivimos, no ha hecho más que agravarse, hasta llegar, en los últimos años, ante las crecientes demandas de mayores cotas de libertades y derechos políticos, económicos o sociales, a un proceso involutivo del régimen hasta grados de intolerancia y restricción al ejercicio de los ya de por sí escasos derechos y libertades concedidos, así como de persecución de toda manifestación de disidencia, que sólo pueden ser calificables y conceptuables de neofascistas.

La existencia de instituciones como la Audiencia Nacional, de legislaciones como la de partidos, la electoral y la de inmigración, o de normativas como las ordenanzas cívicas, constituyen pruebas palpables del camino de retorno a un nuevo totalitarismo. El españolismo nunca ha querido ni ha permitido la paz ni la libertad, porque teme sus consecuencias. El fin de su poder y dominio sobre los pueblos y las clases populares.

En este contexto e intencionalidad, cabe enmarcar el Golpe de Estado embozado que supone la modificación en la legislación electoral y la introducción de la exigencia para partidos y coaliciones sin representación parlamentaria o municipal, de recoger un 0,1% de las firmas de las personas con derecho a voto en cada circunscripción, el 1%, en el caso de agrupaciones de electorales, para poderse presentar a unas elecciones. Esta difícil recogida de miles de avales en unas pocas semanas, lo que busca y conlleva en la praxis es una ilegalización de facto, mediante su exclusión, de toda la oposición al régimen, impidiendo la posibilidad de su presencia en las instituciones.

Una nueva demostración de que no se persigue la violencia sino la disidencia, esté donde esté. También hay que subrayar el silencio cómplice de la pseudo-izquierda del régimen, su colaboración con el Golpe y el embaucamiento de la población mediante la cortina de humo de la campaña pro-referéndum a la modificación constitucional. Una campaña que además tiene una innegable esencia reformista, e, implícitamente, supone una aceptación de dicha Constitución y del “orden” que ampara y justifica. Ese “orden” que significa negación de las naciones, robo de sus soberanías a los pueblos, españolidad forzosa, manu militari, y sometimiento de los trabajadores al capitalismo.

Ante esta intolerable y peligrosa realidad, ya no cabe mirar hacia otro lado ni limitarse a propuestas cortoplacistas de reformas puntuales. No es un problema de cambios de gobiernos, normativas o financiaciones, sino estructurales. Son el propio Estado, sus instituciones y su “marco constitucional”, los mayores obstáculos para avanzar hacia la paz, la libertad, la democracia y el progreso social.

Como consecuencia, resulta necesario retomar el concepto y la vía de la ruptura democrática, y conformar un bloque amplio de lucha por un nuevo proceso constituyente, que parta del previo reconocimiento de las naciones y la devolución de sus soberanías a los pueblos. Un proceso bajo el control de las clases populares, en el que los pueblos puedan debatir y decidir sobre su futuro. Un proyecto que tiene y debe ser impulsado por las izquierdas soberanistas. Un proyecto común, respetuoso y compatible con los procesos de cada pueblo y las circunstancias de cada realidad. Este es el reto histórico, tanto a nivel general como andaluz, el aunar fuerzas y esfuerzos antifascistas y prodemocráticos.

Nación Andaluza exige la inmediata e incondicional puesta en libertad de todos y todas los  condenados y las condenadas, el fin de las “vigilancias” y persecuciones políticas, de las detenciones y las condenas por delitos de opinión, así como acabar con el Estado de excepción encubierto que significan estas acciones, y la derogación de todas las normativas y legislaciones cercenadoras de derechos y libertades.