Reflexiones sobre la situación política actual en el Principado de Catalunya

Endavant antolakundearen agiria:

Los pasados 28 y 29 de septiembre, y como resultado del debate parlamentario sobre la Cuestión de Confianza que Carles Puigdemont planteó en el Parlamento de Catalunya, el referéndum sobre la independencia fue incorporado al programa del actual gobierno de Juntos por Sí. Un referéndum que deberá ser organizado y celebrado durante esta misma legislatura, independientemente de que el Estado español se avenga, o no, a pactarlo.

A pesar de todo, sigue siendo imprescindible una clarificación de la hoja de ruta de la legislatura que impida las maniobras de la confusión a la que las fuerzas de gobierno nos tienen acostumbradas.

Ante todo, hay que dejar claro que si hoy el referéndum de autodeterminación con pregunta binaria (si o no) sobre la independencia respecto del Estado español es claramente el principal objetivo de esta legislatura es, en buena parte, gracias al impulso y a la convicción de la izquierda independentista. La CUP-CC reivindicó el referéndum unilateral de independencia en el momento de rechazar definitivamente la investidura de Artur Mas, pero no fue hasta junio, el momento de rechazar unos presupuestos de clara factura autonomista, cuando dio un golpe de puño sobre la mesa de una legislatura que navegaba hacia la nada.

Pero el referéndum podría no ser un elemento de clarificación de la hoja de ruta hacia la ruptura democrática con el Estado español si el camino de la negociación con el estado, es utilizado de moneda de cambio o sirve de instrumento de presión para conseguir propuestas de financiación o de ampliación de la autonomía que permitan canalizar o asimilar las voluntades de ruptura y llevar a salidas orientadas a diluir el conflicto democrático entre el Estado español y el pueblo catalán. No es la primera vez que en Catalunya se plantea un mecanismo homologable a un referéndum de autodeterminación, pero esta vez el referéndum debe celebrarse con todos sus pormenores y consecuencias

Nadie duda que el Estado español pondrá todos los medios para evitarlo. Durante las últimas semanas, especialmente después del Debate de Política General en el Parlamento de Catalunya, el Estado no ha dejado de aumentar la tensión represiva contra las representantes electas comprometidas con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, y apunta sus próximos pasos hacia una espiral judicializadora y prohibicionista. Esta deriva debe retroalimentar la vía unilateral y evidenciar que, si el objetivo es el ejercicio de la autodeterminación, cualquier vía negociada y pactada es estéril a corto y medio plazo.

Ante esta ofensiva del Estado, la actitud ejemplar de los cargos electos vinculados a la izquierda independentista y a la CUP, anteponiendo la obediencia a la voluntad popular y optando de forma consecuente por la vía desobediente y por el no reconocimiento de los tribunales estatales, nos recuerda que la movilización y la auto-organización son las únicas vías reales para confrontar la imposición y para construir una nueva institucionalidad para las clases populares catalanas. Ante la persecución y la judicialización es imprescindible articular el apoyo sin fisuras de todas las fuerzas políticas y sociales que se quieran calificar a sí mismas de democráticas. Pero para hacer irreversible el ejercicio del derecho a la autodeterminación es necesario también que todas los cargos electos y todas las instituciones se sitúen en el mismo terreno de la obediencia popular y el no reconocimiento a las instituciones del Estado.

Ahora mismo, sin embargo, lejos de aprovechar este contexto de confrontación democrática y de apretar el acelerador de la autodeterminación con la incorporación del Referéndum dentro la hoja de ruta de la legislatura, la agenda política del gobierno de Juntos por Sí se mantiene centrada en el control y el apaciguamiento de las tensiones partidistas dentro de la candidatura, y en la gobernabilidad y en la gestión autonomista. Gobernabilidad, autonomismo y agenda neoliberal que impide construir amplios consensos con la CUP-CC con el objetivo de organizar y ganar el referéndum de independencia. Y en la medida en que el gobierno de coalición hace hincapié en la gobernabilidad y en la gestión de sus contradicciones internas, la CUP-CC se convierte en un obstáculo para Juntos por Sí, un chivo expiatorio de sus limitaciones y un enemigo a batir.

En las últimas semanas, el gobierno de Juntos por Sí ha aumentado la presión contra la CUP-CC insistiendo en la mentira interesada según la cual sin presupuestos no puede haber referéndum, y fijando una posición inmovilista respecto las propuestas de mínimos defendidas por la CUP -CC. No hay día que pase en que los portavoces del gobierno, incluyendo presidente y vicepresidente, no hagan declaraciones en este sentido. De nuevo se utilizan los presupuestos, unos presupuestos autonómicos, para reproducir privilegios y salvaguardar intereses partidistas que se anteponen a la primera prioridad de esta legislatura: el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Con esta actitud de rechazo a atender incluso el planteamiento de mínimos de la CUP-CC, el gobierno de Juntos por Sí está reconociendo, de forma implícita, poco interés en consensuar unos presupuestos mínimamente orientados a la redistribución de la riqueza y a la reversión de los recortes, poco interés en construir una mayoría sólida independentista, y en cambio muestran una clara voluntad de conseguir que los presupuestos no sean asumibles para la izquierda independentista, convirtiendo la negociación en un teatro y un chantaje contra la CUP- CC. Un chantaje que la izquierda independentista no puede aceptar.

Casi un mes después de la Cuestión de Confianza y dos semanas después del Debate de Política General, no se ha convocado aún la Cumbre de Partidos y Entidades por el Referéndum, primer paso para pasar del compromiso verbal a la ejecución de los acuerdos; las suspensiones de leyes como la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres o el Decreto de Pobreza Energética no han sido respondidas por el gobierno con la determinación de aplicarlas independientemente de las resoluciones de los tribunales estatales; y el modelo de país basado en el mantra neoliberal de la gestión de los derechos y de los servicios públicos con criterios mercantiles sigue siendo el eje de la gestión autonómica. En definitiva, el PDEC y ERC parecen haber acordado no cambiar nada para poder seguir gobernando. Mientras tanto, persisten las consecuencias de las recetas neoliberales aplicadas en el contexto del estado autonómico, generando cada vez más desigualdad y pobreza en el conjunto de los Países Catalanes, generando frustración y, en el mejor de los casos, escepticismo en los sectores más dinámicos de nuestra sociedad respecto el proyecto independentista.

Así pues, y constatando el avance que ha supuesto la asunción del referéndum sobre la independencia de Catalunya como la principal meta de la legislatura en el Parlamento de Catalunya, la izquierda independentista no puede dejar de señalar que el inmovilismo del gobierno de Juntos por el Sí en cuanto a las políticas económicas ante la necesidad de revertir las políticas neoliberales y autonomistas que se han impulsado al conjunto de los Países Catalanes en los últimos años, así como la agudización de la confrontación democrática con un estado prohibicionista nos recuerdan ahora más que nunca de la necesidad de la activación popular. Sólo un pueblo organizado a través de unos movimientos populares activos podrá ser capaz de forzar el referéndum, activar las transformaciones imprescindibles para ganarlo y abrir las puertas a los cambios de fondo que deben hacer posible la independencia y llenarla de contenido.