Solidaridad internacionalista: Libertad para Rolando Echarri Pareja!

Askapena quiere denunciar mediante este comunicado la  detención del compañero internacionalista peruano Rolando Echarri Pareja y el riesgo de extradición que corre.

Rolando es miembro de la organización peruana Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales) y antes de ser detenido había estado asilado en Bolivia donde fue reconocido por la oficina del ACNUR de allí como refugiado político, tras lo que emigró a la República Argentina debido al hostigamiento de fuerzas parapoliciales peruanas. Se presentó ante la oficina argentina a cargo de los refugiados e inició sus trámites de refugio presentándose a firmar cada dos meses.

Echarri fue uno de los pocos sobrevivientes de la matanza del penal del Frontón donde el presidente peruano Alan García ordenó el asesinato masivo de más de trescientos presos políticos, y en Buenos Aires participaba activamente en la solidaridad con Euskal Herria y en la denuncia de la conculcación y atropello de los derechos de las presas y los presos políticos vascos.

Askapena, por lo tanto, se suma a la demanda de libertad para Rolando Echarri Pareja y se hace eco del comunicado enviado por el Frente de Resistencia Nacional de Argentina.

Hamaika herri, borroka bakarra!

El Frente de Resistencia Nacional denuncia a la Triple Alianza Internacional y a su política de represión global

La Argentina tiene una larga historia en cuestiones de solidaridad internacional. El asilo y refugio a personas perseguidas por razones políticas, raciales, religiosas o sociales, es una tradición de nuestro país, salvo en los períodos de dictaduras.
Cientos de miles de luchadores populares de todas las latitudes y de las más diferentes organizaciones llegaron a nuestra tierra buscando refugio por las persecuciones de que eran objeto, a partir de sus militancias políticas, sociales, sindicales, entre otras.

Los diferentes gobiernos electos, aún con sus características diferentes,  mantuvieron una política de estado a favor de conceder refugio político, respetando la legislación nacional vigente y los tratados internacionales de derechos humanos, a los que nuestro país debería estar sujeto jurídica y moralmente.
El pueblo argentino resistió durante muchos años las imposiciones imperialistas, contra la delación y entrega de diversos luchadores populares que tuvieron aquí refugio y acompañamiento de un amplio arco de organizaciones que luchaban y luchamos por la liberación nacional y social.

Sin embargo, a partir del 2003, esta política ha cambiado, sufriendo un enorme retroceso. Apenas asumió, el gobierno nacional permitió que se aceptara a un detenido traído desde Uruguay siguiendo el estilo impuesto por los ejecutores del Plan Cóndor instalado durante la última dictadura: el compañero independentista vasco Iosu Laríz Iriondo fue secuestrado en Montevideo y traído a Ezeiza, y en esas condiciones entregado primero a la Policía Federal que dependía del  Ministerio del Interior encabezado por Aníbal Fernández, quien a su vez  lo entregó a la justicia del régimen que blanqueó la detención ilegal de Lariz Iriondo.

Tiempos después, se produjo la detención de los seis campesinos patriotas paraguayos que vinieron a la Argentina por consejo directo del embajador argentino en Paraguay.
Ni bien llegaron, se presentaron con toda la documentación que acreditaba que eran perseguidos políticos y pese a ello fueron detenidos dentro del Comité Nacional para los Refugiados, oficina supuestamente encargada de garantizar administrativamente su refugio. 

Como prueba explícita de que no estamos ante casos aislados, la propia presidenta Cristina Fernández dijo en un discurso público por cadena nacional que se debían “acelerar” las extradiciones y acortar los juicios al respecto, y esta postura fue una orden efectiva que se está cumpliendo a rajatabla, ya que paulatinamente se fueron dejando sin efectos los juicios de extradición, reemplazándoselos por un procedimiento administrativo mucho más expeditivo: la expulsión del país sin que el detenido o detenida tenga siquiera las garantías básicas de una revisión judicial.

Esto fue aplicado  en os casos de los compañeros chilenos Fredy y Marcelo, detenidos en Neuquén, expulsados a Chile, que los puso bajo la órbita de la justicia militar pinochetista.
Al poco tiempo, se utilizó igual proceder con el también chileno Juan Aliste Vega,  capturado en la estación de ómnibus de Retiro, y remitido en dos días al tribunal militar de Chile.
Igual suerte corrió el Lonko mapuche chileno  Juan Ciriaco Millacheo del lof Chekenko, comunidad Newen Mapu, detenido también en Neuquén  hace una semana y entregado en 48 horas a sus perseguidores en Chile, sin siquiera permitir la intervención de abogados que lo representaran.

Ahora, esta política de “solidaridad entre represores” vuelve a ratificarse con la detención con fines de extradición del compañero peruano Rolando Echarri Pareja.
Rolando fue detenido (al igual que los campesinos paraguayos) dentro de la oficina que determina el carácter de refugiados. Rolando es miembro de la organización peruana MOVADEF (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales) que procura la personería electoral en Perú para poder participar en las elecciones de su país.
Fue uno de los pocos sobrevivientes de la matanza del penal del Frontón donde el presidente peruano Alan García ordenó el asesinato masivo de más de trescientos presos políticos.
Asilado en Bolivia, Echarri fue reconocido por la oficina del ACNUR de allí como refugiado político, y emigró a la Argentina a partir del hostigamiento de fuerzas parapoliciales peruanas. Se presentó ante la oficina argentina a cargo de los refugiados e inició sus trámites de refugio presentándose a firmar cada dos meses.

Un acuerdo expreso entre el presidente Ollanta Humala y su colega argentina, Cristina Fernández, dado a conocer por el propio canciller peruano en forma pública y jamás desmentido por ningún funcionario de gobierno, estableció que tanto Rolando como otros miembros del MOVADEF en Argentina debían ser extraditados de inmediato.
Similar es el caso del abogado peruano Juan Manuel Carranza Laurente defensor de presos políticos en Perú, miembro de la Asociación de Abogados Democráticos y hoy sometido a juicio de extradición solo por representar presos y perseguidos políticos.

De esta manera, el gobierno argentino se ha sumado de hecho a la política de represión global encarada por lo que denominamos la nueva Triple Alianza integrada por los Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, que ha instalado este tipo de prácticas en todos los países en los que los gobiernos se someten a los designios de los poderosos del mundo en contra de los hijos  hijas del pueblo que se rebelan contra la injusticia.

Para contrarrestar esta nueva entrega de soberanía, llamamos a las diferentes organizaciones del campo popular a enfrentar esta faceta de la política exterior de la Triple Alianza internacional, a cuestionar y denunciar este accionar por todos los medios posibles, y a luchar por restablecer el espíritu de solidaridad internacional que nuestro pueblo esgrimió históricamente.

En este llamamiento, nos dirigimos también a los compañeros y compañeras y a las organizaciones que se definen como oficialistas o afines al gobierno nacional a que se sumen a la lucha por enfrentar la delación y detención contra luchadores populares, ya que varias veces nos hemos encontrado reclamando la libertad de muchos luchadores de países hermanos.

El FRENTE DE RESISTENCIA NACIONAL pide solidaridad y acompañamiento con Rolando Echarri Pareja, así como con los campesinos paraguayos y otros luchadores entregados a gobiernos reaccionarios para ser sometidos a juicio por Tribunales que asumen la protesta y la rebelión como un delito y consagran la explotación y la entrega como un derecho de los poderosos.

¡¡¡LIBERTAD A LOS LUCHADORES DETENIDOS EN LA ARGENTINA!!!
¡¡¡CESE DE LAS DELACIONES, LAS ENTREGAS, Y LAS EXTRADICIONES!!!!
¡¡¡REFUGIO Y LIBERTAD YA PARA ROLANDO ECHARRI Y CESE DE LAS PERSECUSIONES!!!
FRENTE DE RESISTENCIA NACIONAL
¡¡¡RESISTIR PARA VENCER!!!