Theo Van Boven: stop torture!

==es==

El ex-Relator de Naciones Unidas para la Cuestión de la Tortura Theo van Boven acaba de hacernos llegar la comunicación que enviamos adjunta con razón del juicio que se celebrará próximamente contra catorce jóvenes vascos, siendo Unai Romano uno de ellos.
Van Boven ha seguido con gran interés este caso, y hace pública esta comunicación que nos ha mandado Behatokia.

==it==

El ex-Relator de Naciones Unidas para la Cuestión de la Tortura Theo van Boven acaba de hacernos llegar la comunicación que enviamos adjunta con razón del juicio que se celebrará próximamente contra catorce jóvenes vascos, siendo Unai Romano uno de ellos.
Van Boven ha seguido con gran interés este caso, y hace pública esta comunicación que nos ha mandado Behatokia.

==eu==

Theo van Boven Nazio Batuetako Tortura Esatari ohiak Unai Romano eta beste hamairu pertsonen aurkako epaiketa dela eta helarazi berri digun oharra bideratzen dizuegu.
Van Bovenek interes handiarekin jarraitu zuen kasua. Oharra bere jatorrizko ingeles bertsioan eta gaztelerazko itzulpenean bidali du Behatokia-k.

==en==

Here it is the note that Theo Van Boven ex-former United Nations Special Rapporteur on Torture has written about torture in spanish state and the trial of the fourteen from Alava with a lot of evidences of torture. Info from Behatokia.

==fr==

Here it is the note that Theo Van Boven ex-former United Nations Special Rapporteur on Torture has written about torture in spanish state and the trial of the fourteen from Alava with a lot of evidences of torture. Info from Behatokia.

==es==

Declaración de interés público:

                           Theo van Boven


El 28 de mayo la Audiencia Nacional iniciará el proceso contra los Catorce
de Álava (País Vasco), detenidos en el periodo entre agosto de 2001 a
julio de 2002 por la Guardia Civil y acusados de delitos relacionados con
terrorismo. Como ex-Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas que
visitó España en octubre de 2003 y que informó sobre dicha visita a las
Naciones Unidas en 2004, recibí comunicaciones escritas referentes a
alguno de los acusados que ahora enfrentan el juicio ante la Audiencia
Nacional, en las que se alegaba que habían sido sometidos a tortura y
malos tratos durante la detención incomunicada. En ciertos casos las
alegaciones eran corroboradas por alarmantes materiales visuales, como
sucede en relación al Sr. Unai Romano, con quien me reuní en persona. Mis
propios hallazgos en aquel momento, basados en la consistencia de
numerosas alegaciones, las opiniones informativas de prominentes expertos
legales, los informes de investigaciones realizadas por organizaciones
internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio así como las
conclusiones y dictámenes de organismos de derechos humanos del Consejo de
Europa, me llevaron la opinión sopesada de que las prácticas de tortura o
tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de
manera más que esporádica o incidental.

El patrón que describí en mi informe hace cinco años parece,
desgraciadamente,  no referirse únicamente a una práctica del pasado, sino
que permanece como objeto de preocupación actual. En efecto, el Comité de
Derechos Humanos que vigila la conformidad con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos mencionó con preocupación en su informe de
Octubre de 2008 de conclusiones finales sobre España la persistencia de
casos de tortura y subrayó que España parece no haber desarrollado una
estrategia integral para erradicar, de una vez por todas, dicha práctica.
El Comité recomendó que España debería definitivamente poner fin a la
práctica de la detención incomunicada. Igualmente, el Relator Especial
sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que visitó
España en mayo de 2008, exigió la completa erradicación de la detención
incomunicada. Entre otras de sus recomendaciones, formuló una severa
reclamación a las autoridades españolas para que "siempre que haya motivos
para creer que se han infligido torturas o malos tratos, se proceda a una
investigación pronta, independiente, imparcial y completa".

En vista del juicio venidero de los Catorce de Álava ante la Audiencia
Nacional, se deben tener expresamente en cuenta dos provisiones básicas de
la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas, firmada y
ratificada por España:

La obligación del Estado de asegurar que cualquier particular que alegue
haber sido sometido a torturas en cualquier territorio bajo su
jurisdicción tiene el derecho a denunciarlas y a que su caso sea pronta e
imparcialmente examinado por las autoridades competentes.

La obligación del Estado de asegurar que toda declaración que se
establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la
tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento.

==eu==

Declaración de interés público:

                           Theo van Boven


El 28 de mayo la Audiencia Nacional iniciará el proceso contra los Catorce
de Álava (País Vasco), detenidos en el periodo entre agosto de 2001 a
julio de 2002 por la Guardia Civil y acusados de delitos relacionados con
terrorismo. Como ex-Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas que
visitó España en octubre de 2003 y que informó sobre dicha visita a las
Naciones Unidas en 2004, recibí comunicaciones escritas referentes a
alguno de los acusados que ahora enfrentan el juicio ante la Audiencia
Nacional, en las que se alegaba que habían sido sometidos a tortura y
malos tratos durante la detención incomunicada. En ciertos casos las
alegaciones eran corroboradas por alarmantes materiales visuales, como
sucede en relación al Sr. Unai Romano, con quien me reuní en persona. Mis
propios hallazgos en aquel momento, basados en la consistencia de
numerosas alegaciones, las opiniones informativas de prominentes expertos
legales, los informes de investigaciones realizadas por organizaciones
internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio así como las
conclusiones y dictámenes de organismos de derechos humanos del Consejo de
Europa, me llevaron la opinión sopesada de que las prácticas de tortura o
tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de
manera más que esporádica o incidental.

El patrón que describí en mi informe hace cinco años parece,
desgraciadamente,  no referirse únicamente a una práctica del pasado, sino
que permanece como objeto de preocupación actual. En efecto, el Comité de
Derechos Humanos que vigila la conformidad con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos mencionó con preocupación en su informe de
Octubre de 2008 de conclusiones finales sobre España la persistencia de
casos de tortura y subrayó que España parece no haber desarrollado una
estrategia integral para erradicar, de una vez por todas, dicha práctica.
El Comité recomendó que España debería definitivamente poner fin a la
práctica de la detención incomunicada. Igualmente, el Relator Especial
sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que visitó
España en mayo de 2008, exigió la completa erradicación de la detención
incomunicada. Entre otras de sus recomendaciones, formuló una severa
reclamación a las autoridades españolas para que "siempre que haya motivos
para creer que se han infligido torturas o malos tratos, se proceda a una
investigación pronta, independiente, imparcial y completa".

En vista del juicio venidero de los Catorce de Álava ante la Audiencia
Nacional, se deben tener expresamente en cuenta dos provisiones básicas de
la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas, firmada y
ratificada por España:

La obligación del Estado de asegurar que cualquier particular que alegue
haber sido sometido a torturas en cualquier territorio bajo su
jurisdicción tiene el derecho a denunciarlas y a que su caso sea pronta e
imparcialmente examinado por las autoridades competentes.

La obligación del Estado de asegurar que toda declaración que se
establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la
tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento.

==it==

Declaración de interés público:

                           Theo van Boven


El 28 de mayo la Audiencia Nacional iniciará el proceso contra los Catorce
de Álava (País Vasco), detenidos en el periodo entre agosto de 2001 a
julio de 2002 por la Guardia Civil y acusados de delitos relacionados con
terrorismo. Como ex-Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas que
visitó España en octubre de 2003 y que informó sobre dicha visita a las
Naciones Unidas en 2004, recibí comunicaciones escritas referentes a
alguno de los acusados que ahora enfrentan el juicio ante la Audiencia
Nacional, en las que se alegaba que habían sido sometidos a tortura y
malos tratos durante la detención incomunicada. En ciertos casos las
alegaciones eran corroboradas por alarmantes materiales visuales, como
sucede en relación al Sr. Unai Romano, con quien me reuní en persona. Mis
propios hallazgos en aquel momento, basados en la consistencia de
numerosas alegaciones, las opiniones informativas de prominentes expertos
legales, los informes de investigaciones realizadas por organizaciones
internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio así como las
conclusiones y dictámenes de organismos de derechos humanos del Consejo de
Europa, me llevaron la opinión sopesada de que las prácticas de tortura o
tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de
manera más que esporádica o incidental.

El patrón que describí en mi informe hace cinco años parece,
desgraciadamente,  no referirse únicamente a una práctica del pasado, sino
que permanece como objeto de preocupación actual. En efecto, el Comité de
Derechos Humanos que vigila la conformidad con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos mencionó con preocupación en su informe de
Octubre de 2008 de conclusiones finales sobre España la persistencia de
casos de tortura y subrayó que España parece no haber desarrollado una
estrategia integral para erradicar, de una vez por todas, dicha práctica.
El Comité recomendó que España debería definitivamente poner fin a la
práctica de la detención incomunicada. Igualmente, el Relator Especial
sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que visitó
España en mayo de 2008, exigió la completa erradicación de la detención
incomunicada. Entre otras de sus recomendaciones, formuló una severa
reclamación a las autoridades españolas para que "siempre que haya motivos
para creer que se han infligido torturas o malos tratos, se proceda a una
investigación pronta, independiente, imparcial y completa".

En vista del juicio venidero de los Catorce de Álava ante la Audiencia
Nacional, se deben tener expresamente en cuenta dos provisiones básicas de
la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas, firmada y
ratificada por España:

La obligación del Estado de asegurar que cualquier particular que alegue
haber sido sometido a torturas en cualquier territorio bajo su
jurisdicción tiene el derecho a denunciarlas y a que su caso sea pronta e
imparcialmente examinado por las autoridades competentes.

La obligación del Estado de asegurar que toda declaración que se
establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la
tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento.

==en==

Statement of public concern

                           Theo van Boven

On May 28th the Audencia Nacional  will take up the case of fourteen from
Alava (Basque country) arrested in the period from August 2001 to July
2002 by the Civil Guard and charged with terrorism-related crimes. As a
former United Nations Special Rapporteur on Torture who visited Spain in
October 2003 and who reported to the United Nations in 2004 about his
visit, I received  written communications relating to a number of the
accused who now face trial before the Audencia Nacional , alleging they
they had been subjected to torture and ill-treatment while held
incommunicado detention. In some instances the allegations were
corroborated by troubling visual materials as happened in the case of Mr.
Unai Romano whom I also met in person. My own findings at that time, based
on -the consistency of numerous allegations, the informed views of
prominent legal experts, the investigative reports of reliable
international human rights organizations as well as opinions and judgments
of human rights bodies of the Council of Europe- led me to the considered
opinion that practices of torture or cruel, inhuman or degrading treatment
did occur in Spain in a more than sporadic and incidental manner.

The pattern which I described in my report some five years ago regrettably
appears not only to be a practice of the past but remains a matter of
continuing concern. Thus, the Human Rights Committee that monitors
compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights
noted with concern in concluding observations about Spain in October 2008
that there continue to be reports of cases of torture and that Spain did
not seem to have developed a comprehensive strategy to eradicate that
practice once and for all. The Committee recommended that Spain should
definitively put an end to the practice of incommunicado detention.
Similarly, the United Nations Special Rapporteur on the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms while countering
terrorism, who visited Spain in May 2008, recommended the complete
eradication of incommunicado detention. Among his many other
recommendations he issued a strong plea to the Spanish authorities to
ensure that prompt, independent, impartial and thorough investigations are
conducted in any case where there is reason to believe that torture or ill
treatment may have occurred.

In view of the upcoming trial of the fourteen from Alava before the
Audencia Nacional the relevance of two basic provisions of the United
Nations Convention against Torture, signed and ratified by Spain, must
expressly be taken into account, viz.

The obligation of the State to ensure that any individual who alleges he
has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has
the right to complain to, and to have his case promptly and impartially
examined by, its competent authorities.

The obligation of the State to ensure that any statement which is
established to have been made as a result of torture shall not be invoked
as evidence in any proceedings.

==fr==

Statement of public concern

                           Theo van Boven

On May 28th the Audencia Nacional  will take up the case of fourteen from
Alava (Basque country) arrested in the period from August 2001 to July
2002 by the Civil Guard and charged with terrorism-related crimes. As a
former United Nations Special Rapporteur on Torture who visited Spain in
October 2003 and who reported to the United Nations in 2004 about his
visit, I received  written communications relating to a number of the
accused who now face trial before the Audencia Nacional , alleging they
they had been subjected to torture and ill-treatment while held
incommunicado detention. In some instances the allegations were
corroborated by troubling visual materials as happened in the case of Mr.
Unai Romano whom I also met in person. My own findings at that time, based
on -the consistency of numerous allegations, the informed views of
prominent legal experts, the investigative reports of reliable
international human rights organizations as well as opinions and judgments
of human rights bodies of the Council of Europe- led me to the considered
opinion that practices of torture or cruel, inhuman or degrading treatment
did occur in Spain in a more than sporadic and incidental manner.

The pattern which I described in my report some five years ago regrettably
appears not only to be a practice of the past but remains a matter of
continuing concern. Thus, the Human Rights Committee that monitors
compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights
noted with concern in concluding observations about Spain in October 2008
that there continue to be reports of cases of torture and that Spain did
not seem to have developed a comprehensive strategy to eradicate that
practice once and for all. The Committee recommended that Spain should
definitively put an end to the practice of incommunicado detention.
Similarly, the United Nations Special Rapporteur on the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms while countering
terrorism, who visited Spain in May 2008, recommended the complete
eradication of incommunicado detention. Among his many other
recommendations he issued a strong plea to the Spanish authorities to
ensure that prompt, independent, impartial and thorough investigations are
conducted in any case where there is reason to believe that torture or ill
treatment may have occurred.

In view of the upcoming trial of the fourteen from Alava before the
Audencia Nacional the relevance of two basic provisions of the United
Nations Convention against Torture, signed and ratified by Spain, must
expressly be taken into account, viz.

The obligation of the State to ensure that any individual who alleges he
has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has
the right to complain to, and to have his case promptly and impartially
examined by, its competent authorities.

The obligation of the State to ensure that any statement which is
established to have been made as a result of torture shall not be invoked
as evidence in any proceedings.