Manifestación contra la tortura en Donosti el próximo sábado

Desde Askapena hecemos un llamamiento para acudir el día 30 de octubre a la manifestación nacional contra la tortuta ('torturarik ez') que se celebrara a las 17:00 desde el Boulevard de Donosti.

(gara.net)La presión social ha demostrado ser una valiosa arma para plantar cara a la tortura. Ayer, decenas de familiares y víctimas de esta lacra reclamaron la solidaridad de todos para exigir justicia y responsabilidades a quienes practican la tortura y a quienes la amparan. Por ello, han convocado una protesta que coincidirá con el juicio por el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, pero también con otro proceso abierto contra cinco agentes de la Policía española a raíz de la denuncia de torturas de Maite Orue.

Ane Ituiño, abogada de Torturaren Aurka Taldea (TAT), y Joseba Compains, hermano del recientemente detenido Eneko Compains, hicieron público el manifiesto por el que convocan a una gran manifestación el día 30 en Donostia. Ambos se mostraron alarmados por los testimonios que están llegando estos días a raíz de las últimas detenciones y defendieron la necesidad de volver a poner sobre la mesa la lacra de la tortura. Las cifras que maneja el TAT son estremecedoras. El número de vascos que han denunciado torturas en los últimos 50 años se acerca ya a 10.000. Sin embargo, el hecho de que la denuncia de maltrato en dependencias policiales prospere y acabe en una vista oral sigue siendo noticia en el Estado español.

El comunicado que leyeron para convocar a la manifestación recuerda que las consecuencias de los malos tratos «no se acaban en comisaría, porque las declaraciones realizadas bajo tortura son utilizadas como pruebas en los juzgados, y estas pruebas se utilizan para castigar a ciudadanos y ciudadanas».

Entre las decenas de familiares que acudieron al acto se encontraban las madres de Xabier Kalparsoro y Gurutze Iantzi -muertos en dependencias policiales en 1993- los padres de Igor Portu y el de Mattin Sarasola. Como víctima de la tortura se personó Maite Orue. Asimismo, la presencia del hermano de Juan Carlos Besance, cuyo relato detallado del maltrato sufrido en dependencias policiales (bolsa, golpes, cinco días a ciegas con un antifaz...) se difundió anteayer, puso de manifiesto que «la tortura no es cosa del pasado, sino del presente».

De hecho, las denuncias por malos tratos a raíz de las últimas detenciones han sacado a la luz nuevas técnicas empleadas por los policías españoles, como el empleo de un spray paralizante o el encierro en una habitación denominada «el frigorífico». Estas prácticas no sustituyen, sino que se suman a otras más habituales, como el ahogo mediante «la bolsa», los golpes, las amenazas y los ejercicios físicos.

La manifestación de Donostia defiende tres principios elementales: el fin de la tortura «de una vez y para siempre», la implementación de vías y ayudas para que las víctimas superen las consecuencias, y acabar con el régimen de impunidad para los torturadores. Por otra parte, reclamará a las instituciones la eliminación del régimen de incomunicación como un «primer paso» y exigirá que adopten compromisos «nítidos» para erradicar esta práctica inhumana. En consecuencia, el lema que encabezará la protesta será sencillo: «Torturarik ez. No a la tortura».

La iniciativa nace de víctimas, sus familiares y el TAT. Según los convocantes, ahora llega el momento de dirigirse a los distintos líderes políticos, sociales y sindicales para que den su apoyo a la convocatoria. No obstante, el manifiesto recuerda que muchas organizaciones ya han mostrado su repudio y su preocupación por el régimen de incomunicación que ha instaurado el Estado español. Entre otros, recuerda a Amnistía Internacional, a los relatores de la ONU, al Ararteko y al Parlamento de Gasteiz, así como a la mayoría sindical vasca.

La manifestación de Donosti, que partirá a las 17:30 horas del día 30 desde el túnel del Antiguo, coincidirá con las vistas orales por dos casos de tortura. En la Audiencia Provincial de la capital guipuzcoana se sentarán nueve guardias civiles por lo ocurrido a Portu y Sarasola. Mientras, en Madrid, serán cinco policías españoles los que tendrán que responder por el caso de Maite Orue. Aunque el juicio de Portu y Sarasola no tiene aún fecha de inicio, desde el TAT indican que se celebrará entre el 25 y el 29 de octubre. Todo apunta a que las dos víctimas de maltrato policial declararán el día 28, que es el mismo día en que se inicia el juicio de Orue.

El poder de la presión popular

Para Ituiño, la evolución de estos dos procesos refleja de forma nítida el poder que posee la presión social para hacer frente a la tortura. «El caso de Portu y Sarasola ha conseguido sentar en el banquillo al menos a una parte de los implicados en poco más de dos años, mientras que el de Orue ha tardado cinco», sostiene la abogada del TAT. «La diferencia entre ambos se encuentra en que la sociedad fue consciente de lo que les había ocurrido a Igor y Mattin, gracias a la filtración del informe médico que describía que Sarasola tenía una costilla rota y el pulmón perforado». Ituiño explica que el Estado trató de tapar lo ocurrido, pero que la respuesta social le forzó a echarse atrás. En el juicio contra los nueve guardias civiles toma parte el fiscal, aunque la petición de pena sea «ridícula» a juicio de esta abogada, que recuerda que Sarasola estuvo a punto de perder la vida debido a la paliza y que los responsables son funcionarios.

En el caso de Orue la activación popular fue menor, relata la abogada del TAT. Esta joven fue detenida en 2005 durante una de las denominadas «redadas preventivas». Tras negarse a declarar, fue «machacada brutalmente» a golpes durante al menos dos horas. La desesperación provocó que llegara a autolesionarse con un azulejo roto.

Sin embargo, la historia de Maite Orue, como ha ocurrido con tantas otras, no alcanzó fuerza en los medios de comunicación. Una vez minimizada la respuesta popular, el Ministerio de Interior español sí logró esconder el caso.

La denuncia fue archivada en varias ocasiones y sólo gracias al tesón de los abogados defensores ha conseguido que, años después, el caso salga adelante y llegue a juicio, aunque en este caso el fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido no sumarse a la acusación particular.
Apagón total sobre los testimonios de Atristain y Besance

La práctica totalidad de los diarios madrileños y vascos seguía ayer reflejando la polémica abierta por la insinuación del embajador venezolano sobre la existencia de torturas a Xabier Atristain y Jesús Mari Besance. Pero, sin embargo, ayer fueron muy pocos los que recogieron su testimonio. En la prensa escrita sólo lo hicieron de modo destacado GARA y ``Berria'', mientras los del Grupo Noticias ofrecieron un pequeño espacio a la denuncia que detallaba que perdieron el conocimiento por «la bolsa» y que sufrieron otros muchos tormentos.

En paralelo, las autoridades españoles siguen dedicándose a echar tierra sobre el asunto. A modo de ejemplo, el director general de la Guardia Civil y la Policía española, Francisco Javier Velázquez, alegó ayer que «creo que alguna de las palabras del embajador de Venezuela en España no fueron interpretadas exactamente en el sentido que él ha querido señalar, o al menos así se ha explicado».

A raíz de este caso, por internet han vuelto a circular con notable rapidez las imágenes en que el número dos de Interior, Antonio Camacho, obligar a cortar la entrevista con una televisión australiana al ser preguntado por la tortura. GARA
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La protesta de Donostia irá encabezada por el lema «Torturarik Ez. No a la tortura» y tanto las víctimas como sus familiares confían en que líderes políticos, sociales y sindicales se adhieran a esta marcha a lo largo de las próximas semanas.
Las organizaciones judiciales españolas salen en defensa de la incomunicación

La afirmación del Gobierno de Hugo Chávez de que abrirá una investigación sobre los vascos no ha calmado ni a fiscales ni a jueces ni a policías españoles. Sus organizaciones reclamaron ayer resultados prácticos y en algunos casos se mostraron preocupados por que Caracas pueda admitir la existencia de torturas como origen de la inculpación, después de la insinuación hecha en este sentido por el embajador en Madrid.

El portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia (AJpD), José Luis Rodríguez, alertó de que la investigación anunciada en Venezuela «pretende generar una duda» sobre las diligencias que han establecido los jueces españoles, y aseguró que «no hay ninguna duda sobre la regularidad del procedimiento en España». Según su opinión, «existen suficientes garantías para asegurar que una persona no está siendo objeto de coacciones, vejaciones o torturas», al contrario de lo que insinuó el embajador Isaías Rodríguez.

Hizo estas declaraciones a la agencia Europa Press, que admite en su teletipo que Xabier Atristain y Jesús Mari Besance hablaron de entrenamientos en Venezuela en su declaración policial pero no lo ratificaron ante el juez Ismael Moreno. Ajeno a ello, el portavoz de Jueces para la Democracia subrayó que las declaraciones del embajador «son políticas, desorbitadas» y carentes de «indicios sólidos».

En este sentido se pronunció también el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que remarcó que la investigación paralela también está «poniendo en duda» la actuación de la Justicia española y dijo que Isaías Rodríguez arremetió «fuera de tono» contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un hecho que considera «intolerable».

Paradójicamente, la Asociación Profesional de la Magistratura prefirió no ir tan lejos. Su portavoz, Antonio García, se limitó a pedir a Caracas que colabore con la Audiencia Nacional española. GARA