Five years on, Israel continues to disregard the International Court of Justice's Advisory Opinion on the Wall - Statement by the UN High Commissioner for Human Rights

Source: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Date: 09 Jul 2009

==es==

Hoy [9 de julio] se conmemora el quinto aniversario de la opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre la legalidad de los 724 kilómetros de muro que Israel sigue construyendo a través de Cisjordania. El fallo del TIJ fue claro e inequívoco: la construcción del muro es ilegal; Israel debe parar inmediatamente su construcción, desmantelar las secciones ya construidas y devolver las propiedades confiscadas; y se debe compensar a los palestinos afectados por el muro. El Tribunal también declaró que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro o de no proporcionar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por esta construcción.

El fallo del TIJ debería haber sido una victoria para las fuerzas que exigen el respeto del derecho internacional y su implementación. En vez de ello se ha convertido en un símbolo de la falta de respeto de Israel por el derecho internacional y del fracaso de la comunidad internacional en hacer a Israel responsable de sus crímenes a pesar de las devastadoras consecuencias que esta impunidad tiene en las vidas de los palestinos que continúan siendo desplazados de su patria.

El muro ha creado definitivamente seis ghettos por todos los territorios palestinos ocupados que contienen 98 enclaves en los que viven 312.810 palestinos rodeados de alambre de espino, muros y torres de control. Al menos 14.364 personas han sido desplazadas en las 145 localidades por las que pasa el muro y hay unos 90.000 palestinos directamente amenazados de desplazamiento mientras se completa la construcción del muro.

Al no haberse recurrido a un mecanismo adecuado y no partidista para implementar el fallo del TIJ, se ha dejado a los palestinos pocas opciones para defender sus derechos y resistir al desplazamiento. Mientras que continúan las protestas semanales en pueblos como Bil'in, Ni'lin y Ma'sara cuyas tierras continúan siendo robadas, hasta el momento [a sus habitantes] les ha faltado la suficiente fuerza para resistir el fuerte poderío militar de Israel y a la impunidad que va unida a él proporcionada por la comunidad internacional.

En este contexto, nada puede sustituir las ventajas de la amplia e internacional lucha de la sociedad civil por el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel tal como pide la sociedad civil palestina desde 2005. Esta campaña tiene la autoridad moral y el poder de contrarrestar el equilibrio de fuerzas que sustenta al apartheid israelí. Quienes pagan impuestos a gobiernos que apoyan a Israel, quienes comercian con productos israelíes ya sea como vendedores o como consumidores y quienes participan en foros internacionales académicos, culturales y deportivos que normalizan el regimen de ocupación, colonialismo y apartheid de Israel tienen todos ellos en sus manos el poder de detener la maquinaria que hace políticamente viable y económicamente beneficioso el apartheid israelí.

Para más información, véase: http://www.badil.org

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Hoy [9 de julio] se conmemora el quinto aniversario de la opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre la legalidad de los 724 kilómetros de muro que Israel sigue construyendo a través de Cisjordania. El fallo del TIJ fue claro e inequívoco: la construcción del muro es ilegal; Israel debe parar inmediatamente su construcción, desmantelar las secciones ya construidas y devolver las propiedades confiscadas; y se debe compensar a los palestinos afectados por el muro. El Tribunal también declaró que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro o de no proporcionar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por esta construcción.

El fallo del TIJ debería haber sido una victoria para las fuerzas que exigen el respeto del derecho internacional y su implementación. En vez de ello se ha convertido en un símbolo de la falta de respeto de Israel por el derecho internacional y del fracaso de la comunidad internacional en hacer a Israel responsable de sus crímenes a pesar de las devastadoras consecuencias que esta impunidad tiene en las vidas de los palestinos que continúan siendo desplazados de su patria.

El muro ha creado definitivamente seis ghettos por todos los territorios palestinos ocupados que contienen 98 enclaves en los que viven 312.810 palestinos rodeados de alambre de espino, muros y torres de control. Al menos 14.364 personas han sido desplazadas en las 145 localidades por las que pasa el muro y hay unos 90.000 palestinos directamente amenazados de desplazamiento mientras se completa la construcción del muro.

Al no haberse recurrido a un mecanismo adecuado y no partidista para implementar el fallo del TIJ, se ha dejado a los palestinos pocas opciones para defender sus derechos y resistir al desplazamiento. Mientras que continúan las protestas semanales en pueblos como Bil'in, Ni'lin y Ma'sara cuyas tierras continúan siendo robadas, hasta el momento [a sus habitantes] les ha faltado la suficiente fuerza para resistir el fuerte poderío militar de Israel y a la impunidad que va unida a él proporcionada por la comunidad internacional.

En este contexto, nada puede sustituir las ventajas de la amplia e internacional lucha de la sociedad civil por el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel tal como pide la sociedad civil palestina desde 2005. Esta campaña tiene la autoridad moral y el poder de contrarrestar el equilibrio de fuerzas que sustenta al apartheid israelí. Quienes pagan impuestos a gobiernos que apoyan a Israel, quienes comercian con productos israelíes ya sea como vendedores o como consumidores y quienes participan en foros internacionales académicos, culturales y deportivos que normalizan el regimen de ocupación, colonialismo y apartheid de Israel tienen todos ellos en sus manos el poder de detener la maquinaria que hace políticamente viable y económicamente beneficioso el apartheid israelí.

Para más información, véase: http://www.badil.org

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Hoy [9 de julio] se conmemora el quinto aniversario de la opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre la legalidad de los 724 kilómetros de muro que Israel sigue construyendo a través de Cisjordania. El fallo del TIJ fue claro e inequívoco: la construcción del muro es ilegal; Israel debe parar inmediatamente su construcción, desmantelar las secciones ya construidas y devolver las propiedades confiscadas; y se debe compensar a los palestinos afectados por el muro. El Tribunal también declaró que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro o de no proporcionar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por esta construcción.

El fallo del TIJ debería haber sido una victoria para las fuerzas que exigen el respeto del derecho internacional y su implementación. En vez de ello se ha convertido en un símbolo de la falta de respeto de Israel por el derecho internacional y del fracaso de la comunidad internacional en hacer a Israel responsable de sus crímenes a pesar de las devastadoras consecuencias que esta impunidad tiene en las vidas de los palestinos que continúan siendo desplazados de su patria.

El muro ha creado definitivamente seis ghettos por todos los territorios palestinos ocupados que contienen 98 enclaves en los que viven 312.810 palestinos rodeados de alambre de espino, muros y torres de control. Al menos 14.364 personas han sido desplazadas en las 145 localidades por las que pasa el muro y hay unos 90.000 palestinos directamente amenazados de desplazamiento mientras se completa la construcción del muro.

Al no haberse recurrido a un mecanismo adecuado y no partidista para implementar el fallo del TIJ, se ha dejado a los palestinos pocas opciones para defender sus derechos y resistir al desplazamiento. Mientras que continúan las protestas semanales en pueblos como Bil'in, Ni'lin y Ma'sara cuyas tierras continúan siendo robadas, hasta el momento [a sus habitantes] les ha faltado la suficiente fuerza para resistir el fuerte poderío militar de Israel y a la impunidad que va unida a él proporcionada por la comunidad internacional.

En este contexto, nada puede sustituir las ventajas de la amplia e internacional lucha de la sociedad civil por el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel tal como pide la sociedad civil palestina desde 2005. Esta campaña tiene la autoridad moral y el poder de contrarrestar el equilibrio de fuerzas que sustenta al apartheid israelí. Quienes pagan impuestos a gobiernos que apoyan a Israel, quienes comercian con productos israelíes ya sea como vendedores o como consumidores y quienes participan en foros internacionales académicos, culturales y deportivos que normalizan el regimen de ocupación, colonialismo y apartheid de Israel tienen todos ellos en sus manos el poder de detener la maquinaria que hace políticamente viable y económicamente beneficioso el apartheid israelí.

Para más información, véase: http://www.badil.org

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Hoy [9 de julio] se conmemora el quinto aniversario de la opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre la legalidad de los 724 kilómetros de muro que Israel sigue construyendo a través de Cisjordania. El fallo del TIJ fue claro e inequívoco: la construcción del muro es ilegal; Israel debe parar inmediatamente su construcción, desmantelar las secciones ya construidas y devolver las propiedades confiscadas; y se debe compensar a los palestinos afectados por el muro. El Tribunal también declaró que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro o de no proporcionar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por esta construcción.

El fallo del TIJ debería haber sido una victoria para las fuerzas que exigen el respeto del derecho internacional y su implementación. En vez de ello se ha convertido en un símbolo de la falta de respeto de Israel por el derecho internacional y del fracaso de la comunidad internacional en hacer a Israel responsable de sus crímenes a pesar de las devastadoras consecuencias que esta impunidad tiene en las vidas de los palestinos que continúan siendo desplazados de su patria.

El muro ha creado definitivamente seis ghettos por todos los territorios palestinos ocupados que contienen 98 enclaves en los que viven 312.810 palestinos rodeados de alambre de espino, muros y torres de control. Al menos 14.364 personas han sido desplazadas en las 145 localidades por las que pasa el muro y hay unos 90.000 palestinos directamente amenazados de desplazamiento mientras se completa la construcción del muro.

Al no haberse recurrido a un mecanismo adecuado y no partidista para implementar el fallo del TIJ, se ha dejado a los palestinos pocas opciones para defender sus derechos y resistir al desplazamiento. Mientras que continúan las protestas semanales en pueblos como Bil'in, Ni'lin y Ma'sara cuyas tierras continúan siendo robadas, hasta el momento [a sus habitantes] les ha faltado la suficiente fuerza para resistir el fuerte poderío militar de Israel y a la impunidad que va unida a él proporcionada por la comunidad internacional.

En este contexto, nada puede sustituir las ventajas de la amplia e internacional lucha de la sociedad civil por el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel tal como pide la sociedad civil palestina desde 2005. Esta campaña tiene la autoridad moral y el poder de contrarrestar el equilibrio de fuerzas que sustenta al apartheid israelí. Quienes pagan impuestos a gobiernos que apoyan a Israel, quienes comercian con productos israelíes ya sea como vendedores o como consumidores y quienes participan en foros internacionales académicos, culturales y deportivos que normalizan el regimen de ocupación, colonialismo y apartheid de Israel tienen todos ellos en sus manos el poder de detener la maquinaria que hace políticamente viable y económicamente beneficioso el apartheid israelí.

Para más información, véase: http://www.badil.org

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The Israeli Government claims that the Wall is a temporary security measure. However, the ICJ indicated that the specific route Israel has chosen for the wall is not necessary to attain its security objectives and that the construction of the wall constitutes "breaches by Israel of various of its obligations under the applicable international humanitarian law and human rights instruments". The overwhelming majority of the planned route of the Wall - 86 percent, runs inside the West Bank, not along the 1949 Armistice Line (the Green Line). The ICJ pointed out that the route of Wall had been planned to encompass the bulk of the Israeli settlements in the OPT – settlements which are illegal under international law.

Five years after the ICJ issued its Advisory Opinion, the situation has not improved. Israel continues to disregard the views of the ICJ, and the Wall remains under construction. Since the ICJ Advisory Opinion, about 200 kilometers have been constructed, bringing the total amount constructed to 413 kilometers – 60% of the planned 709 kilometre long route.

The Wall is but one element of the wider system of severe restrictions on the freedom of movement imposed by the Israeli authorities on Palestinian residents of the West Bank. There are currently well over 600 closure obstacles blocking Palestinian movement within the West Bank. In addition, the system of roads is increasingly segregated: travel on hundreds of kilometres in the West Bank is restricted or prohibited outright for Palestinians, whereby Israelis are allowed to travel on them freely. About one third of the West Bank, including occupied East Jerusalem, is completely prohibited to Palestinians without a special permit issued by the Israeli military.

These severe restrictions violate not only the right to freedom of movement. They also effectively prevent Palestinian residents from exercising a wide range of other human rights, including their right to work, to health, to education and to an adequate standard of living. Farmers are prevented from accessing their fields and from exercising their right to sustain their livelihood. Due to restricted access and work permit regimes thousands of Palestinians are prevented to seek work outside their locality. Children are prevented from accessing schools and students face restrictions in choosing their university as a result of freedom of movement restrictions. Patients are prevented from accessing hospitals, blocking them from exercising their right to the highest sustainable standard of health. And Palestinian residents currently lack meaningful access to an effective remedy – judicial or otherwise - for their plight.

OHCHR calls on the Israeli Government to:

- Comply with the Advisory Opinion of the ICJ and dismantle the Wall within the OPT and make reparation for all damage suffered by all persons affected by the wall's construction.

- End the current regime of restriction of movement within, to and from the OPT, in order to ensure that Palestinian residents are able to exercise their rights, including their right to freedom of movement, right to work, right to education, and right to the highest attainable standard of health.